El gobierno venezolano no parece concebir al sector petrolero como una pieza central para el desarrollo económico y para la participación exitosa en la economía global. Más allá de discursos sobre el desarrollo endógeno, la concepción gubernamental parece limitarse en la práctica a maximizar los ingresos fiscales petroleros que percibe el estado y a usarlos para financiar programas sociales y una variedad de gastos gubernamentales con bajo componente de inversión productiva

sábado, 16 de enero de 2010

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA

El petróleo crudo y el bitumen natural se les ofrecieron abundantemente a nuestros aborígenes en numerosos rezumaderos, menes como les decían ellos.

La primera referencia al petróleo venezolano en la literatura universal fue de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en septiembre de 1535. Al año siguiente la Reina de España pidió que se le enviara la sustancia en todos los navíos que zarparan de Cubagua; así la primera exportación documentada data del 30 de Abril de 1539.

En el siglo XIX con Alejandro de Humboldt, comienzan las visitas de los naturalistas europeos y la descripción de los menes en oriente y occidente. En 1829, el Libertador ordena aplicar las ordenanzas de minería de Aranjuez a la Gran Colombia, decreto que fue ratificado al año siguiente por la nueva República de Venezuela.

Las primeras concesiones para la explotación del asfalto natural y el petróleo crudo se otorgaron en 1854 y 1865, respectivamente. La compañía venezolana Petrolia del Táchira recibió el 3 de Septiembre de 1878 la concesión que marco el inicio de la industria petrolera nacional; en Abril de 1883, se descubrió La Alquitrana, el primer campo petrolero del país.

La explotación del asfalto natural fue significativa hasta su desplazamiento por el petróleo crudo. De 1911 a 1916, el geólogo Ralph Arnold y sus asociados realizaron el primer reconocimiento sistemático de las cuencas sedimentarias, culminando con el descubrimiento del campo Guanaco el 15 de Agosto de 1913, en oriente, y el primer campo gigantesco venezolano, Mene Grande, en occidente.

Las operaciones eran modestas, pero de inmediato comenzó una intensa competencia entre los intereses petroleros británicos y los estadounidenses. El ministro Gumersindo Torres logro la aprobación de la primera ley de Hidrocarburos el 19 de Junio de 1920.

La mañana del domingo 14 de diciembre de 1922, el pozo Los Barrosos Nº 2 reventó violentamente y el mundo del petróleo recibió la más cierta indicación de la riqueza extraordinaria del petróleo existente en nuestro subsuelo.

El doctor Gumersindo Torres de regreso al Ministerio de Fomento, impulso una política agresiva y muy exitosa, que incluyo la fijación de ventajas especiales para la Nación, la normalización de los mas importantes aspectos operativos y el envió al exterior de los primeros ingenieros venezolanos que estudiarían el negocio.

El vínculo inicial entre la Nación y el petróleo fue esencialmente rentista. A medida que los venezolanos se percataban del potencial petrolero, se desarrollo una tensión creciente entre el Estado y las empresas concesionarias. Entre 1920 y 1938 se aprobaron siete leyes de hidrocarburos. Cada una representaba un avance a la posición rentista del Estado. Se restringía el acceso al recurso, reduciendo el tamaño en las áreas de concesión y presionando el abandono de áreas ociosas y, al aumentar la tasa de regalía, se reclama un precio mayor por un barril producido.

Luego de un intenso trabajo preparatorio, el 13 de marzo de 1943 se sanciono la Ley de Hidrocarburos, que todavía esta vigente. Resulto ser un instrumento eficiente y practico, pues aumento la participación fiscal, promovió la refinación domestica mediante la construcción de refinerías en el país y amplio la supervisión y el control de las operaciones, y asimismo el Estado renovó todas las concesiones por 40 años, con lo cual no habría reversión hasta 1983. Además, el Ejecutivo acepto entregar y entrego bastas superficies adicionales. Bajo tales condiciones, se emprende la fase más vigorosa de expansión de la industria. Se construyo el complejo de refinación de Paraguana, se triplico el acervo de capital y se quintuplico la producción durante el periodo 1943-1958 (paso de 500 mil a 2.5 millones de barriles diarios, MMBD).

El 12 de noviembre de 1948 se implanto el novedoso sistema del 50:50 (fifty: fifty), según el cual el impuesto sobre la renta a las concesiones se igualo a sus beneficios netos.

El éxito en la exploración de las parcelas obtenidas en los años 1944 y 1945, hicieron de la década de los 50s una época dorada, de muchos descubrimientos y rápida expansión operativa, que continuo otra década con la misma ronda de concesiones en los años 1956 y 1957.

La tregua se rompió en 1958, cuando el gobierno elimino la participación del 50% en las ganancias operativas. En 1959 la distribución paso a ser 65:35 a favor del estado venezolano. La ruptura del 50:50 fue la primera señal de un Estado nacionalista que no retrocedería hasta maximizar la renta y estatificar la industria quince años más tarde.

La idea cada vez mas acentuada de escases de reservas condujo a la política de “no más concesiones” a principios de los años sesenta. Esta política implico que no se abrieran nuevas áreas a las empresas concesionarias y, quizá lo mas importante, que no se anunciara la renovación de las concesiones otorgadas en 1943. Estaba previsto que las concesiones podían ser renovadas a mitad del periodo. Esto limita el funcionamiento de las empresas hasta 1983 y, por lo tanto, desestimulaba la inversión. Además, el Estado entorpecía las operaciones, esgrimiendo razones ambientales y conservacionistas. El objetivo era controlar la producción de un recurso escaso, no renovable y apetecido internacionalmente, cuyo precio siempre se percibía como insuficiente e injusto. El aumento de tasa de impuesto sobre la renta, desvinculo la participación estatal de la rentabilidad de las compañías. La tasa efectiva de impuesto pasó de 65% en 1959 a 71% en 1969, 77% en 1971, 82% en 1973 y 94% en 1975.

La presión tributaria, la limitación de las concesiones y el hostigamiento constante en las operaciones, desestimulo la inversión petrolera a lo largo de los sesenta, lo que provoco un colapso de la producción: del máximo histórico de 3.7 MMBD alcanzado en 1970, cayó a 2.4 MMBD durante los primeros años de la década.

La nueva política petrolera, preconizada por el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, se expreso con la creación de la compañía estatal Corporación Venezolana del petróleo (CVP), a través del considerable incremento de la participación fiscal, de la supervisión de las concesionarias y con la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En 1973, en una acción conjunta, de los países miembros de la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) comenzaron a controlar la producción en sus territorios. Se produjo una nacionalización de facto. Las concesionarias se convirtieron en operadoras al servicio del Estado, el cual paso a fijar el precio por barril (unilateral y soberanamente). La nacionalización definitiva se produciría al asumir el Estado el control directo de las operaciones.

La coincidencia de una manifestación general de sano nacionalismo y la evidente intención de las concesionarias de dejar pasar el lapso faltante hasta la caducidad sin hacer mayores inversiones, condujo a un proceso que culmino en 1975 con la creación de PDVSA como casa matriz petrolera.

El 1 de enero de 1976 las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarias extranjeras, así como los modestos activos de las concesionarias venezolanas, pasaron a ser pertenencia del Estado, y es la República de Venezuela la que, desde ese momento y mediante un grupo de empresas de su propiedad, planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades propias de la industria petrolera.

Además de la atención a las faces de exploración, producción, refinación y mercadeo interno, en 1982 se emprendió un extenso programa de internalización mediante asociaciones con petroleras de Alemania, Estados Unidos, Finlandia y el Reino Unido.

Después de sesenta años de operaciones, la industria petrolera era tan nacional como cualquier otra. La primera tarea de la industria estatificada era detener la caída abrupta del potencial de producción restaurar y restaurar el deteriorado plantel refinador. Además, se inicio una campaña de exploración que logra un cambio radical en la percepción del petróleo como bien escaso o efímero que había imperado durante décadas. Las reservas probadas se multiplicaron por cuatro y al incorporar las reservas recuperadas de la Faja Petrolífera del Orinoco, las reservas totales se podían considerar, desde un punto de vista practico, infinitas. El país tenia un futro el petróleo. La asimilación de estas realidades daría lugar a cambios de orientación de política petrolera.

La primera muestra de reconocimiento del país como productor fue el cambio de política en 1985. Venezuela, junto con el resto e los países de la OPEP, opto por reducir los niveles de precios para no seguir perdiendo mercados ante otras fuentes de energía o el petróleo de otras regiones. Desde 1986, el país ha logrado duplicar su producción, la mejorar la participación del petróleo en la oferta mundial de energía.

La segunda muestra de adopción de una política de una orientación productora fue la eliminación, en 1993, del Valor Fiscal de Exportación, nombre que adoptó el Precio de Referencia Fiscal después de la nacionalización. Esta medida tuvo el doble propósito de racionalizar y hacer mas trasparente el sistema fiscal petrolero.

En 1990, PDVSA inicio un plan de expansión que aumento su producción a 3.6 MMBD. Se renovó el complejo refinador de Paraguana con masivas inversiones han Amuay y Cardón, lo cual ha permitido disminuir la producción de deciduos.

La privatización o apertura de PDVSA se ha concretado en los últimos años con las sucesivas ofertas de participación en campos marginales, el esquema de ganancias compartidas y la contratación de las operaciones o los procesos considerados no fundamentales para el negocio.

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